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La lucha contra el fraude fiscal es una preocupación constante en muchos países del mundo y España no es la excepción. En este contexto, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, también conocida como Ley Antifraude, ha generado un gran interés entre los especialistas en tecnología debido a la importancia que se le da a la digitalización y la tecnología en la lucha contra el fraude fiscal.

En este artículo, exploramos el papel que juega la tecnología en la Ley Antifraude, así como sus objetivos, prohibiciones y requisitos.

La Ley Antifraude en España

La Ley Antifraude es una iniciativa del Gobierno español que busca fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la eficacia de la Administración Tributaria en la prevención, detección y sanción de conductas ilícitas en el ámbito fiscal. La ley entró en vigor el 11 de octubre de 2021 y aborda una amplia variedad de temas, como la lucha contra el fraude internacional, el control de las criptomonedas y la regulación de los intermediarios fiscales.

La tecnología y la digitalización en la lucha contra el fraude fiscal

Uno de los aspectos más destacados de la Ley Antifraude es la importancia que se le da a la digitalización y la tecnología en la lucha contra el fraude fiscal. La ley reconoce la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y establece medidas para prevenir el uso de herramientas tecnológicas para cometer fraudes fiscales.

Entre las medidas establecidas en la ley, se encuentran la obligación, la prohibición del software de doble uso. En este caso, esta ley pretende perseguir las prácticas de fraude fiscal mediante la lucha contra los software de doble uso. Llegando a multas de hasta 50.000 € para todos aquellos que los utilicen.

La Ley Antifraude ha puesto especial foco en los programas de gestión que incurren en fraude al permitir que se pueda llevar una contabilidad B o la falta de registros de las operaciones realizadas. Con ello se pretende combatir lo que se conoce como “software de doble uso” o programas informáticos que permitan a los usuarios poder facturar sin declarar.

Objetivos de la Ley Antifraude

La Ley Antifraude establece una serie de objetivos específicos que buscan mejorar la eficacia de la Administración Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal. Estos objetivos incluyen:

  • Mejorar la prevención y detección de fraudes fiscales a través de medidas tecnológicas y de digitalización.
  • Fortalecer la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal.
  • Establecer medidas para garantizar la transparencia y que la información sea inalterable.
  • Reforzar los procedimientos de investigación y sanción de las conductas ilícitas en el ámbito fiscal.

Prohibición del software de doble uso

¿Qué es un software de doble uso? Un software de doble uso es todo aquel que permite:

  • Llevar contabilidades diferentes.
  • No reflejar total o parcialmente la anotación de las transacciones ejecutadas.
  • Registrar transacciones distintas a las anotaciones que hayan sido realizadas.
  • Alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La Ley Antifraude establece la prohibición del software de doble uso, es decir, aquel software o dispositivo que pueda ser utilizado para ocultar o alterar datos o que pueda impedir la acción de la Administración Tributaria.

Esta medida busca evitar que se utilicen herramientas tecnológicas para cometer fraudes fiscales y garantizar la transparencia y la integridad de los procesos fiscales y de la gestión contable y financiera.

Cualquier autónomo o empresa que no cumpla con la Ley 11/2201 contra el fraude fiscal podrá ser sancionado, existiendo dos tipos de sanciones.

  • Una sanción dirigida a los fabricantes de “software de doble uso”. Las empresas que fabriquen, produzcan y comercialicen software de doble uso que permita la manipulación de la contabilidad, podrán ser sancionadas con multas de hasta 150.000 euros.
  • Otra sanción para los usuarios de este tipo de software, como asesorías y despachos profesionales. Los usuarios de este tipo de software podrán ser sancionados con multas de hasta 50.000 euros.

Requisitos del software para cumplir la Ley Antifraude

Para cumplir con los requisitos de la Ley Antifraude, el software de gestión debe cumplir con ciertas características y funcionalidades específicas.

Entre ellas, se encuentran:

  • Integridad: Deberán poder registrar toda la información contable necesaria para emitir correctamente las facturas y el resto de documentos comerciales. Al mismo tiempo, deberán permitir crear, consultar, descargar y enviar todos los documentos comerciales, cumpliendo con todos los requisitos para garantizar la autenticidad e integridad del origen de estos, sin que pueda modificarse su contenido por terceros.
  • Conservación: La información tiene que ser conservada por el software y permanecer en el sistema, no siendo posible su eliminación.
  • Accesibilidad: La información debe estar en todo momento accesible para todos los usuarios que tengan permisos. Utilizando roles específicos que garanticen que cada uno de ellos solo puede acceder a la información a la que ha sido autorizado en cumplimiento del RGPD.
  • Legibilidad: Todo programa de gestión deberá cumplir con los formatos estándar para la legibilidad de la información, pudiendo ser almacenada, exportada, etc.
  • Trazabilidad: Permitirá conocer el seguimiento de todos los procesos de venta y de compra, registrando a cada usuario que produzca cada documento. Incluido la fecha y la hora en que esto se llevó a cabo, así como toda la gestión documental relacionada.
  • Inalterabilidad de los registros: Sin omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas. Se debe llevar un registro de todas las modificaciones realizadas sobre cualquier documento, incluidos la fecha, el usuario y la IP desde la que se realizó la modificación. También se deberá almacenar una copia exacta de todas las versiones anteriores del documento. Incluso en el caso de los elementos eliminados.

En conclusión, la Ley Antifraude establece un marco regulatorio que busca fortalecer la lucha contra el fraude fiscal a través de la digitalización y la tecnología.

Gracias a la digitalización y las tecnologías, la Administración Tributaria puede disponer de una información transparente, fiel y honesta, además, en tiempo real de todos los usuarios.

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